Cambiemos busca con sus pares del Frente Renovador y el bloque Justicialista, continuar con las negociaciones para destrabar el proyecto en general que, la semana pasada, fue aprobado en general y para su aprobación final falta el voto particular, por lo que se retraso para esta semana.
Entre los bloques falta (entre otras cosas) definir si hay unanimidad en cada uno de los artículos de la ley, o si se aprueba en forma no unánime. Para eso el Frente Renovador dejo como representante a Monica Litza, mientras que es Justicialismo se ve representado por el salteño Pablo Kosiner. A su vez, la comisión de Legislación Penal es presidida por Gabriela Burgos (de la Unión Cívica Radical), secundada por Luis Petri (también de la UCR) y Fernando Sanchez (de la Coalición Cívica). La sesión del miércoles 28 de junio fracaso cuando, luego de aprobar el texto en general, los diputados de distintos bloques comenzaron a analizar punto por punto y en el primer articulo, que estipula que tipo de delitos serian alcanzados por la nueva ley, la oposición propuso hacerlo extensivo a casos de trata de personas y casos que tengan que ver con el medio ambiente. Tanto los oficialistas, como los opositores, deberán trabajar de manera intensa durante el comienzo de la semana, si es que se pretende llegar al día miércoles 5 de julio, con un articulo consensuado al horario de las 10 de la mañana y así, pasar a cuarto intermedio. Litza dijo que: "Nuestra voluntad es que haya una ley que combata la corrupción, pero queremos que no haya eximición de pena y se incorporen todos los delitos establecidos en el Código Penal". Como consecuencia de las modificaciones realizadas por la oposición y aceptadas a medias, no queda del todo claro el texto que se esta votando. Cambiemos perdió (por muy poco) la votación, pero inmediatamente advirtió que el mismo u otros artículos podían correr peor suerte, ya que, según ellos, eran mas polémicos que el primer articulo. El articulo cinco regula que quedan exentar de una denuncia y/o juicio final, aquellas empresas que hayan pagado soborno; pero siempre y cuando, acepten un acuerdo de colaboración eficaz para obtener información, con facilidad, de los delitos que cometieron. El massismo, por su parte, propone que a cambio de la “colaboración eficaz” no se anulen las penas, sino que sean levemente moderadas.Ademas los artículos 20 y 37, también generan diferencias, al dar sus voces, los oficialistas y opositores. El 20 establece si una empresa da información útil para dar claridad a un echo de corrupción, en la previa al juicio, este quede eximido de la persecución penal y solo reciba una sanción económica. La diputada Burgos declaro que: "Sin colaborador eficaz no hay ley posible. Es el sistema que se usa en todo el mundo”. El articulo 37 permitiría que (en echos previos ante los ojos de la ley) el procurador del Tesoro negocie acuerdos con las empresas que estén, o se muestren, arrepentidas y que quieran, o estén dispuestas, a dar información sobre hechos de corrupción. Según las voces opositoras, este articulo fue creado para permitirle al Poder Ejecutivo, intentar hacer una negociación, mediante la intervención del Ministerio Publico Fiscal, para el la causa Odebrecht. Graciela Camaño (del Frente Renovador) remarco que: "El proyecto es malo porque genera atajos. Hay partes que son absolutamente inconstitucionales. El artículo 37 es inconstitucional por donde se lo mire. ¿Cómo pueden traer ese artículo? Nosotros no estamos ni con De Vido ni con Socma (empresa del Grupo Macri). Vienen a buscar un resultado que es absolutamente publicitario".
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