Comuneros del Frente para la Victoria presentaron una acción de amparo para que se declare inconstitucional el Decreto 251/14, a través del cual se crearon cargos de gerentes y sub-gerentes en las quince comunas porteñas.
Además, los juntistas requirieron una medida cautelar contra lo que consideraron “un golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las comunas”. El recurso de amparo se suma a una declaración de repudio y un pedido de informes que presentó la legisladora porteña del Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, María Rosa Muiños. “El Decreto 251/2014 resulta violatorio de las disposiciones del artículo 80 inc. 3, y del Título Sexto “Comunas” de la Constitución de la Ciudad, que determinan facultades de la Legislatura, como así también la naturaleza jurídica de las Comunas, sus atribuciones y su ámbito de actuación”, sostienen los miembros de trece Juntas comunales en el documento. Dicho decreto, publicado en el Boletín Oficial el 25 de junio, establece la creación de cuatro nuevos cargos para cada comuna: gerente operativo de gestión administrativa, gerente operativo de gestión comunal, sub-gerente operativo de participación vecinal y atención vecinal, y sub-gerente operativo de control comunal y de obras. Todos ellos tendrán injerencia en cuestiones de elaboración presupuestaria y de administración comunal, a pesar de que los artículos 26, 28, 29 y 32 de la Ley 1777 (Ley de Comunas) de esta Ciudad, otorga esas facultades a la Junta Comunal, a su presidente y a sus miembros. Por tal motivo, los comuneros kirchneristas consideran que el decreto, “colisiona con la norma constitucional porque pretende reglamentar un nuevo funcionamiento de las Comunas de la Ciudad, mediante la modificación de su estructura orgánica, que sólo puede llevarse a cabo con el voto de las dos terceras partes de la Legislatura de la Ciudad”. En este sentido, afirman que “el Poder Ejecutivo desconoce o ignora dolosamente la autonomía comunal que otorga la propia Constitución local” y resaltan su “grave intromisión en la competencia de las Comunas”. Por otro lado, destacan que “no es este el primer avasallamiento que intenta el Poder Ejecutivo a las Comunas, pues en el año 2011, mediante el Decreto 376/11, trató de desplazar atribuciones del ámbito comunal hacia Unidades de Atención Ciudadana (UAC) dependientes del Poder Central” y, finalmente, se resolvió que el documento resultaba “de rango inferior respecto de los preceptos constitucionales plasmados en el Título Sexto y las normas legales reglamentarias”. El amparo lleva la firma de los miembros de las Juntas comunales, Edith Oviedo y Alejandro Szer, de la Comuna 1; María de los Ángeles Suárez, de la Comuna 3; Raúl Sánchez, Carlos Benítez y María Laura Corvalán, de la Comuna 5; Ondina Fraga y Ariel Angrisano, de la Comuna 6; Carlos Gullo y Felisa Marinaro, de la Comuna 7; Mónica Menghini, Claudio Pandolfi y Facundo Roma, de la Comuna 8; Hernán Miguez y Aixa Rocha, de la Comuna 9; Leonardo Farías y Cynthia Salama, de la Comuna 10; Carlos María Eusebi y Lucía Velázquez, de la Comuna 11; Mercedes Correa y Pablo Ortiz Maldonado, de la Comuna 12; María Julieta Costa Díaz y Carlos Funes, de la Comuna 13; Gonzalo Toyos Martínez , de la Comuna 14; y Camila Febe Rodríguez, Carlos Grisafi y Ricardo Cuneo, de la Comuna 15.
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