El Proyecto de Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires

El Observatorio del Derecho a la Ciudad emitió una denuncia, mediante un comunicado elaborado por el Gobierno porteño que acusa “a medida del mercado inmobiliario y de la mercantilización de la ciudad”.
El actual Código del Planeamiento de la ciudad de Buenos Aires, será reemplazado por el nuevo Código Urbanístico, aprobado el 30 de noviembre de 2016 por el Consejo de Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (CoPUA). El texto del Código Urbanístico remitido por el Subsecretario de Planeamiento fue aprobado por la mayoría de los integrantes del CoPUA, luego de solamente un día de tratamiento por el mismo. Además, desde el observatorio señalan que: “Un escándalo, considerando que será una de las leyes más importantes de la ciudad que no solo modificará el valor del suelo, sino que también afectará directa e indirectamente la trama social y el ambiente urbano de la ciudad. Sólo dos consejeros aprobaron con dignidad un dictamen en minoría solicitando mayor tiempo de análisis y debate: Estela Di Legge y Ariel Pradelli. El resto de los consejeros en un día analizaron y aprobaron la normativa que regirá la planificación urbana en cada m2 de la ciudad”. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires concentro su participación en reuniones con empresas inmobiliarias y sus técnicos. Ósea, más que nada con los que solamente tienen intereses lucrativos en la Capital Federal, como por ejemplo la causa “Baldiviezo, Jonatan Emanuel Y OTROS C/ GCBA S/ Amparo”, Expediente Nª A24068-2016, exigiendo mejor información a la hora de investigar cada caso. El texto del Proyecto aprobado por CoPUA, no fue sacado a la luz públicamente ni por los consejeros del Copua, ni por el Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, desde el Gobierno porteño, señalan que: “Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad ponen a disposición pública la difusión de este proyecto para que la ciudadanía conozca los planes que tiene el Gobierno porteño; para la planificación de la ciudad y para permitir que se pueda dar un debate abierto e informado”. La razón de este manejo secreto por parte de los funcionarios se debe a que el nuevo Código Urbanístico está más preocupado por los problemas jurídicos de las desarrolladoras inmobiliarias, por alimentar a la especulación inmobiliaria y por cuestiones de forma, que por atender las verdaderas y prioritarias necesidades de los porteños. El comunicado finaliza diciendo “Este proyecto no tiene normas ni herramientas urbanísticas que consideren los principales problemas de la ciudad:  el aumento de familias inquilinas, la pérdida de espacios verdes, los procesos de gentrificación de los barrios, el colapso de los servicios públicos, la sobreconstrucción y la pérdida de las identidades barriales, la falta de democracia en la discusión de la planificación, la mercantilización y privatización de lo público, la disminución grave del banco de tierras públicas, el deterioro ambiental, la destrucción del arbolado público, la especulación inmobiliaria, la crisis habitacional, la distribución desigualitaria de la riqueza producida por la ciudad”.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad proponen que se incorporen, entre otros, los siguientes principios, derechos e instrumentos urbanísticos generales orientados a atender las necesidades de los habitantes de la ciudad:

Captura de plusvalía urbana.
Política de incorporación de inmuebles ociosos.
Incorporación de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativo y Estratégico.
Normas de planificación que contemplen las inundaciones.
Congelamiento del precio del suelo ante construcción de viviendas de interés público (anuncio de proyecto) y control de precios.
Porcentaje obligatorio de viviendas de interés social en proyectos de construcción de viviendas privadas.
Operatividad del principio de progresividad en el incremento de espacios verdes públicos.
Sujeción de la construcción a la capacidad de los servicios públicos del sector.
Políticas a fin de evitar la gentrificación.
Impedir la mercantilización y privatización de lo público.
Incremento del Banco de Tierras Públicas y freno a la venta indiscriminada de suelo de la Ciudad.
Instrumentos de transparencia, acceso a la información, publicidad de los expedientes de obra y garantía de acceso a la justicia.
Impulso a la Agroecología urbana.
Políticas efectivas de protección del patrimonio de la Ciudad.
Estudios de compatibilidad socio-ambiental entre la obra a construir y las parcelas aledañas.
Políticas de incorporación de viviendas para alquiler social.